El gobierno es responsable
El gobierno nacional y provincial -para variar- quiere explicar en forma conspirativa otra reacción popular a la penosa situación que deben sufrir los millones de trabajadores que día a día viajan como ganado en el ex Ferrocarril Sarmiento , achacándola a "algo armado" donde habría integrantes de grupos de izquierda. Fueron miles los usuarios que paralizaron durante horas el servicio en Castelar para repudiar las escandalosas condiciones en las que deben viajar diariamente, que tuvo su colmo hoy cuando se detiene el tren antes de llegar a la estación y son los propios pasajeros los que lidiando con el humo deben evacuar la formación.
Lo que quiere esconder el gobierno de los Kirchner es que durante los cinco años de su gestión con crecimiento económico récord, el transporte de los trabajadores está en la ruina pese a los multimillonarios subsidios que el Estado aporta para que los inescrupulosos empresarios que detentan las concesiones puedan seguir obteniendo ganancias. Los Kirchner mantuvieron intacto el núcleo de las privatizaciones menemistas.
La furia popular sucede en la semana en que la Presidenta anunció el pago de casi 7.000 millones de dólares al Club de París, una ilegítima deuda entablada en su mayor parte por grupos privados durante los años de la dictadura militar. Asimismo, mientras día a día los trabajadores viajan en pésimas condiciones para llegar a sus lugares de empleo, el oficialismo insiste con el proyecto del Tren Bala, un emprendimiento faraónico hecho a medida de los acreedores franceses que nada tiene que ver con las necesidades del pueblo. Con el dinero que se destina al pago de la deuda y con los millones que se presupuestan para el Tren Bala se podría tener un servicio de transporte de pasajeros eficiente y de calidad. Pero esto no sucederá mientras distintos grupos capitalistas mantengan las concesiones. Es necesaria la inmediata renacionalización sin pago del servicio y su puesta en funcionamiento bajo el control de los trabajadores y comités de pasajeros. Los ramales de carga deben dejar dejar de estar bajo la propiedad de los agroexportadores y pasar a ser parte de una plan nacional al servicio de las necesidades populares, que incluye la expropiación de los 1.000 terratenientes que son dueños de la mitad de las tierras cultivables en la Argentina.
Basta de criminalizar la protesta social.
Lo que quiere esconder el gobierno de los Kirchner es que durante los cinco años de su gestión con crecimiento económico récord, el transporte de los trabajadores está en la ruina pese a los multimillonarios subsidios que el Estado aporta para que los inescrupulosos empresarios que detentan las concesiones puedan seguir obteniendo ganancias. Los Kirchner mantuvieron intacto el núcleo de las privatizaciones menemistas.
La furia popular sucede en la semana en que la Presidenta anunció el pago de casi 7.000 millones de dólares al Club de París, una ilegítima deuda entablada en su mayor parte por grupos privados durante los años de la dictadura militar. Asimismo, mientras día a día los trabajadores viajan en pésimas condiciones para llegar a sus lugares de empleo, el oficialismo insiste con el proyecto del Tren Bala, un emprendimiento faraónico hecho a medida de los acreedores franceses que nada tiene que ver con las necesidades del pueblo. Con el dinero que se destina al pago de la deuda y con los millones que se presupuestan para el Tren Bala se podría tener un servicio de transporte de pasajeros eficiente y de calidad. Pero esto no sucederá mientras distintos grupos capitalistas mantengan las concesiones. Es necesaria la inmediata renacionalización sin pago del servicio y su puesta en funcionamiento bajo el control de los trabajadores y comités de pasajeros. Los ramales de carga deben dejar dejar de estar bajo la propiedad de los agroexportadores y pasar a ser parte de una plan nacional al servicio de las necesidades populares, que incluye la expropiación de los 1.000 terratenientes que son dueños de la mitad de las tierras cultivables en la Argentina.
Basta de criminalizar la protesta social.
Libertad inmediata e irrestricta a todos los detenidos en Castelar.
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